El Gobierno de España convoca dos Consejos de Ministros extraordinarios antes de las elecciones
El Gobierno de Pedro Sánchez ha redoblado su ofensiva electoral en medio de una caída en las encuestas y ha decidido exprimir al máximo la maquinaria del Consejo de Ministros hasta las elecciones. Para ello, se han convocado dos reuniones extraordinarias del Consejo de Ministros para los próximos viernes 13 y 20 de noviembre.
Fuentes de Moncloa no descartan que en uno de los cuatro cónclaves que quedan, contando los dos ordinarios, pueda aprobarse el indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, no ha justificado la convocatoria de cónclaves extraordinarios, el importe económico que el Ejecutivo va a destinar a todas las nuevas medidas ni si cuenta con margen fiscal para aprobarlas.
Durante el Consejo de Ministros de hoy, se han aprobado medidas que superan, al menos, los 1.800 millones de euros. La nueva protección de familias monoparentales, numerosas y con miembros con discapacidad asciende a 824 millones, el refuerzo a la financiación de la dependencia a otros 924 millones, las nuevas ayudas por la dana a 88,7 millones y 10 millones más para Ceuta. Además, se han aprobado otros paquetes de los que Saiz no reveló su coste: las nuevas medidas ferroviarias, la creación del defensor de las víctimas, el plan de igualdad y la estrategia científica.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció la celebración de cuatro Consejos de Ministros, incluido el de hoy, antes de las elecciones. El Gobierno utilizará estas citas para anunciar nuevas medidas de contenido social, y recuperar así el plan bautizado dentro del Gobierno como los "martes sociales".
El Ejecutivo también ha aprobado la desclasificación de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que ha reclamado la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón dentro de la investigación por la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Sin embargo, esta vez el Gobierno no los hará públicos, a diferencia de lo que sucedió en la anterior desclasificación.