La deslealtad institucional y el pulso del Gobierno a la justicia
La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en España ha sufrido un cambio preocupante, caracterizado por la obstrucción y la falta de cooperación. El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han tenido que recurrir a advertencias y amenazas de multas para forzar el cumplimiento de sus requerimientos por parte del Gobierno.
El pasado 23 de octubre, la Sala Tercera del Tribunal Supremo advirtió al Gobierno por la falta de entrega de la lista nominal de los 163.020 nacionalizados bajo la 'ley de nietos'. Los magistrados dieron un plazo de cinco días a los ministros de Justicia y Exteriores, Félix Bolaños y José Manuel Albares, para que entregaran la lista, advirtiendo que de no hacerlo podrían ser multados con 1.000 euros y enfrentarse a responsabilidades penales. El ultimátum dio sus frutos y ambos ministros cumplieron con el mandato judicial.
La Audiencia Nacional también ha tenido que intervenir para forzar la entrega de información al Gobierno. A finales de octubre de 2026, la magistrada María Tardón, del Juzgado Central de Instrucción, dio un plazo de 15 días al Ejecutivo para que desclasificara y entregara de forma íntegra los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la crisis migratoria de Ceuta. El Gobierno intentó inicialmente cumplir con el requerimiento enviando documentación censurada, lo que fue considerado un desafío a la autoridad del instructor.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también ha sido requerido por el juez Santiago Pedraz para entregar los expedientes de sus contrataciones con despachos de abogados entre 2021 y 2025. El partido intentó ganar tiempo escudándose en una consulta al Consejo General de la Abogacía invocando el secreto profesional, pero el magistrado rechazó esta maniobra.
Además, el Tribunal Supremo ha tenido que recordar al Gobierno central que no hay excusa válida para eludir el amparo de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo en Canarias. La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó un requerimiento bajo apercibimiento por la «trascendente demora» en asumir sus competencias respecto a estos menores.
La suma de estos episodios recientes dibuja una radiografía preocupante de las relaciones entre poderes en España. La obstrucción y la falta de cooperación del Gobierno hacia los requerimientos judiciales, junto con el cuestionamiento público de la labor judicial, transmiten a la sociedad la idea de que la Justicia es un adversario político al que hay que sortear, lo que pone en riesgo el Estado de derecho.